Fui nombrado recientemente para aconsejar a la Organización de Estados Americanos, la organización regional más antigua del mundo compuesta de los 35 estados independientes de las Américas, para ayudar a diseñar y construir un sistema más eficaz y eficiente para responder a crímenes de atrocidades masivas en la región.  Antes de que puedo proponer una manera de progresar específica, estoy llevando a cabo consultaciones amplias con estados miembros, grupos de la sociedad civil y otros expertos.  Pero hay bastante que se puede hacer en el interino.

Los antecedentes serán útiles.  En 2005, provocados por los fallos de las Naciones Unidas de parar los genocidios en Ruanda y Srebrenica en los 1990s, más que 170 jefes de estado y gobierno a la Cumbre Mundial adoptaron la responsabilidad de proteger.  Este principio nuevo, arraigado en las obligaciones legales ya existentes de los estados, enfatizó que todos tienen la responsabilidad de prevenir y responder a crímenes de atrocidades masivas, que incluyen genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad.  Subrayó el papel importante de la comunidad internacional y organizaciones regionales en apoyar estos esfuerzos.  E incluyó un compromiso específico de estados por las Naciones Unidas de “adoptar medidas colectivas” en una manera “oportuna y decisiva” para “utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados” para proteger a las poblaciones de estos crímenes.

Aunque, en la conceptualización de la responsabilidad de proteger, las organizaciones regionales siempre han tenido un papel importante – pueden identificar y responder a situaciones emergentes más rápidamente – en práctica han estado rezagadas.  Por eso, requirió esfuerzos significantes de la ONU para evitar la comisión de crímenes de atrocidades masivas en la Costa de Marfil, Guinea, Kirguizistán y Kenia.

La región tiene una historia muy rica con respeto a la celebración de los derechos humanos y la prevención de los conflictos.  Varios países son estados partes a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa situaciones de derechos humanos en la región, aborda asuntos temáticos de derechos humanos – como los derechos de pueblos indígenas – y ofrece un procedimiento de denuncias individuales.  La Corte Interamericana puede decidir casos importantes remitidos por la Comisión o por estados.  Pero, como indicó un representante de la OEA ante la ONU en 2011, estos esfuerzos son distintos de la prevención, y las prioridades prácticas de la región se enfocaban en recursos naturales, conflictos de poder, la tierra y el medio ambiente.

La decisión de no priorizar la prevención de atrocidades fue, en retrospectiva, un error trágico.  Hoy en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro sigue cometiendo contra las poblaciones civiles crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y otros actos inhumanos que han negado la alimentación y la atención médica a los partidarios del Presidente Interino Juan Guaidó.

Para una organización regional, siempre es más fácil prevenir atrocidades masivas antes de que se comienzan – o inmediatamente al comienzo – que cuando están en marcha.  Existe una variedad de acciones preventivas posibles bajo la responsabilidad de proteger, como la diplomacia personal por diplomáticos principales, la formación de un enviado especial o una misión de determinación de los hechos, el inicio de un proceso de resolución de conflictos, la aprobación de resoluciones que recomiendan acciones específicas, la publicación de informes sobre derechos humanos, la movilización de asistencia humanitaria para las víctimas, y la solicitud de apoyo de las Naciones Unidas o la comunidad internacional para complementar a la respuesta regional, si necesaria.

Hay bastante que la OEA puede considerar ahora para prevenir atrocidades masivas en el futuro.

Por ejemplo, los estados miembros pueden comprometerse a un diálogo anual en la Asamblea General sobre la responsabilidad de proteger en la región, informado por un informe resumiendo las actividades de la organización durante el año anterior.  Se puede instalar un sistema de alerta temprana para que los estados reciban informes de una manera proactiva sobre situaciones preocupantes, también con recomendaciones por su consideración.  Se puede llevar a cabo una encuesta para entender como la prevención de atrocidades masivas se puede operar en una manera complementaria con derechos humanos y actividades de prevención de conflicto.  Y se puede ofrecer el adiestramiento y apoyo técnico a los estados pidiendo apoyo para aumentar la capacidad nacional de identificar riesgos.

Aunque el desarrollo de un mecanismo más robusto para aplicar la responsabilidad de proteger en las Américas no es una panacea para resolver los problemas de Venezuela en la actualidad, con certeza ayudará a identificar otras acciones que se pueden tomar – y el principio será también útil en el futuro.  Dicho esto, la Organización de los Estados Americanos no debe ser un espectador internacional que permanece impotente e ineficaz frente a las atrocidades masivas en la región, ahora o en el futuro.